– La defensa del actor se dijo decepcionada luego de que se les negara la petición de un nuevo juicio
El caso de Pablo Lyle ha tomado un giro desesperanzador para el actor, y es que tras ser declarado culpable por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández y de que su defensa pidiera la realización de un nuevo juicio, la mañana de ayer esta moción fue rechazada.
De acuerdo con los abogados del actor, el proceso que se vivió el pasado mes de octubre fue viciado por toda la información que hubo alrededor del caso, lo que habría provocado que el jurado fuera imparcial a la hora de la deliberación; sin embargo, la juez encargada del caso no lo consideró así y rechazó la posibilidad de que Lyle se enfrente de nuevo a la corte.
Tras darse a conocer la noticia, uno de los representantes legales del protagonista de “Mi adorable maldición” accedió a hablar con los medios y no sólo se pronunció sobre la decisión de la juez, también adelantó las acciones que tomarán para buscar la libertad del actor.
En entrevista con los medios, Philip Reizenstein destacó que no se esperaban la respuesta obtenida en los tribunales, ya que presentaron pruebas y alegatos lo suficientemente fuertes para que su petición fuera aceptada: “Por supuesto que estamos decepcionados. La petición por un nuevo juicio muy rara vez se concede, pero creemos que teníamos pruebas excepcionales para que así sucediera, pero la juez determinó lo contrario”, dijo en declaraciones retomadas por el programa “El Gordo y la Flaca”.
Pero, a pesar de que el panorama no es nada alentador, también reveló que la batalla legal no ha terminado y continuarán buscando la libertad de Lyle a toda costa; incluso confesó que por ahora buscarán que el actor quede libre bajo fianza: “Vamos a hacer una petición para que salga bajo fianza, mientras se apela la sentencia y es todo lo que tengo que decirles por el momento”, agregó.
Lo que se sabe hasta ahora es que será el próximo 7 de febrero cuando Lyle sea requerido nuevamente por la corte para poder escuchar su sentencia, la cual podría ir desde los nueve hasta los 15 años de prisión.